- Una medida para gestionar el turismo masivo que asfixia la ciudad ante la llegada de 35 millones de visitantes
- El precio de dos euros es una señal política que no reducirá los flujos, sino que convierte el espacio en producto
Roma ya no es la que era, o al menos ya no se puede visitar como antes. La ciudad que durante siglos se enorgulleció de ser un museo a cielo abierto, accesible para cualquiera que paseara por sus calles empedradas, está echando el cierre —o al menos colocando un torniquete— a sus monumentos más emblemáticos. La última noticia ha caído como una moneda en el fondo de un estanque: a partir del 1 de febrero, acceder a la zona de las escaleras de la Fontana de Trevi, desde donde millones de turistas cumplen el rito de lanzar una moneda de espaldas, costará dos euros.
La medida no es un hecho aislado. Es la respuesta de una ciudad que se siente asfixiada por su propio éxito. Roma acaba de atravesar un Año Jubilar histórico. En 2025 se calcula que habrán pasado por la capital italiana alrededor de 35 millones de visitantes. Una cifra que, si bien es una bendición para hoteles, restaurantes y comercios, se ha convertido en una pesadilla logística para la convivencia urbana y la conservación del patrimonio.
El Ayuntamiento defiende el llamado «peaje» como una herramienta de orden. El acceso estará limitado en determinados horarios, se controlará el aforo y se evitarán avalanchas humanas y turistas subidos a cualquier saliente para conseguir la foto perfecta.
El problema es que la Fontana de Trevi no es un recinto cerrado. Es una fuente barroca incrustada en el tejido urbano, parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Con el nuevo sistema, ese espacio deja de ser un lugar y pasa a ser un producto.
Desde el punto de vista económico, hay otro factor clave: el turista actual está dispuesto a pagar por experiencias. Ya no se viaja solo para ver, sino para vivir algo «único». En ese contexto, dos euros no disuaden a nadie. Al contrario, refuerzan la sensación de exclusividad. Si hay que pagar, debe de valer la pena. La fuente deja de ser un punto caótico y se convierte en una experiencia organizada, con acceso regulado y fotografía garantizada.
Roma, además, ya cobra por entrar en algunos lugares que durante siglos fueron gratuitos, pero la Fontana de Trevi rompe una frontera simbólica: no se paga por entrar en un edificio, sino por ocupar un trozo de ciudad.
El precio elegido, sin embargo, no gestiona los flujos. Dos euros no cambian comportamientos. No reducen la demanda. Para que eso ocurriera, el importe tendría que ser muy distinto. Solo con tarifas de 30, 40 o 50 euros se produciría una caída real del número de visitantes en los puntos más saturados.
Pero esa solución es políticamente inviable. Cobrar 50 euros por acercarse a una fuente pública provocaría una reacción inmediata. Dejaría fuera a estudiantes y otros turistas jóvenes. Ningún responsable político quiere cargar con ese coste reputacional, por mucho que la medida fuera eficaz.
Por eso las ciudades optan por soluciones intermedias. Se cobra poco para poder decir que se actúa. Se regulan horarios, se crean reservas online, se desplazan multitudes de una plaza a otra. El problema no desaparece; se mueve. El turismo masivo no se reduce, se redistribuye.
En Venecia se ha puesto en marcha, de forma experimental, una tasa de acceso para visitantes de un solo día. No se aplica siempre, no es especialmente alta y tiene numerosas excepciones. Los resultados, por ahora, son modestos. Sirve para recoger datos, pero no para aliviar la presión sobre la ciudad. En ambos casos, los residentes no pagan, puesto que ya contribuyen mediante tasas municipales.
El dilema es evidente. El turismo genera ingresos, pero también costes. El problema es que esos costes no se reflejan en el precio que paga el visitante. Dos euros no internalizan ninguna externalidad relevante. Son una señal política, no una solución estructural.
Limitar de verdad el acceso dañaría la economía local. No limitarlo daña la ciudad. Subir precios sería eficaz, pero socialmente regresivo y políticamente imposible. Reducir flujos sin tocar precios exigiría cambios globales en el transporte, el calendario laboral y la cultura del viaje rápido. Nada de eso está al alcance de un ayuntamiento.
Ante esta impotencia, solo queda un gesto irónico. Si la Fontana de Trevi va a ser un escenario regulado, quizá podría asumirse del todo su condición de mito. Al menos podrían instalar un holograma de Anita Ekberg saliendo del agua, como en La dolce vita. No reduciría las colas, pero recordaría a los visitantes que lo que buscan no es solo una foto, sino una idea de Roma que ya no existe. Y que, como tantas cosas en estas ciudades, no hay peaje capaz de recuperarla.