España está en una encrucijada.
Lo que hace apenas unos años se presentaba como una oportunidad para diversificar la economía, impulsar el turismo y ofrecer nuevas formas de alojamiento, hoy se ha transformado en un reto que amenaza la convivencia en nuestros barrios, la calidad de nuestros destinos y el derecho a una vivienda digna.
Las cifras hablan por sí solas: 400.000 viviendas de uso turístico registradas en 2024 según el INE, la cifra más alta de nuestra historia, con un crecimiento del 15 % en un solo año. Pero detrás de estos números hay una realidad inquietante: la expansión descontrolada de la oferta ilegal. Solo en Madrid, el 93 % de los pisos turísticos funcionan sin licencia. Una proporción tan aplastante que deja en evidencia que el problema no es la vivienda turística en sí, sino la falta de capacidad —o de voluntad— para regularla de forma efectiva.
No se trata de un asunto menor.
Los alojamientos ilegales eluden impuestos, no cumplen estándares de seguridad ni de calidad, y ponen en riesgo la reputación de España como destino turístico. Mientras tanto, quienes operan legalmente, cumplen la normativa y pagan sus obligaciones, se ven obligados a competir en condiciones desiguales.
En las calles, los efectos son visibles: edificios residenciales convertidos en hoteles encubiertos, vecinos que se marchan porque el ruido es insoportable, alquileres que suben más rápido de lo que los sueldos pueden alcanzar. Y, sin embargo, sabemos que cuando la ley se aplica, funciona. En Madrid, 500 pisos han vuelto al mercado residencial en los últimos 18 meses gracias a sanciones de hasta 30.000 euros.
Pero esto no basta.
España sufre un mosaico legislativo que cambia de una comunidad a otra, y esa fragmentación es el mejor aliado para quienes buscan burlar la ley. Baleares limita días de alquiler, Andalucía exige registro, Madrid impone requisitos técnicos, Cataluña aplica moratorias… y entre una norma y otra, la ilegalidad se cuela por los resquicios. El registro estatal obligatorio en vigor desde julio de 2025 es un paso, pero sin control y coordinación entre administraciones quedará en papel mojado.
Las plataformas digitales tampoco pueden seguir mirando hacia otro lado. Airbnb, Booking y otras obtienen beneficios de cada reserva, pero trasladan toda la responsabilidad al propietario, permitiendo que la oferta ilegal se mezcle con la legal como si fueran lo mismo. La tecnología que usan para vender debería ser la misma que usen para verificar, filtrar y colaborar con las autoridades.
Por eso, este es un llamamiento.
A las autoridades municipales, autonómicas y estatales:
• Apliquen las leyes que ya tenemos con firmeza y sin excepciones.
• Creen un registro único nacional, público y accesible, para que ciudadanos y turistas puedan distinguir lo legal de lo ilegal.
• Coordinen sus competencias para cerrar los vacíos que la ilegalidad aprovecha.
• Exijan a las plataformas responsabilidad activa, no pasividad cómplice.
• Profesionalicen el sector y establezcan mínimos de calidad que aseguren que cada vivienda turística sea segura, confortable y digna.
No podemos caer en el falso dilema de elegir entre turismo o vivienda.
El verdadero reto es hacerlos compatibles. Una vivienda vacacional legal, regulada y de calidad puede generar empleo, ingresos y satisfacción para el visitante, sin expulsar a los vecinos ni destrozar el tejido social.
España es líder turístico mundial. Esa posición no se sostiene solo con playas y monumentos; se construye con gestión, con responsabilidad y con visión de futuro. El momento de actuar es ahora. Porque si seguimos dejando que la ilegalidad se expanda, lo que hoy es un modelo de éxito puede convertirse en un problema estructural que nos cueste décadas revertir.
Regular no es prohibir. Regular es proteger lo que funciona y erradicar lo que nos daña.
La pelota está en el tejado de las autoridades competentes. Y el tiempo corre.